La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Con 9 votos a favor, incluidos los de la ministra presidenta Norma Piña y Arturo Saldívar, y dos en contra (de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), se echó para atrás la reforma propuesta por el Ejecutivo federal debido a que se violó el proceso legislativo para aprobarse una modificación de esta magnitud. 

Este proyecto fue analizado y presentado por el ministro Javier Laynez, mismo que ha sido criticado. 

CRÓNICA DE LA VOTACIÓN 

Por la vigencia del Plan B votaron las ministras Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel, las dos abiertamente afines al presidente Andrés Manuel López y su proyecto político de nación.

Contrario a lo que se esperaba, Arturo Zaldívar votó con la mayoría por la invalidez total de la reforma. Dijo que lo hace por convicción y congruencia, pues en temas similares ha votado en forma similar desde 2010.

La ministra Esquivel, en un duro posicionamiento que leyó, acusó que la SCJN pretende invalidar la reforma con un mero “examen superficial”, sin entrar al análisis del fondo del asunto, lo que le resta credibilidad al Tribunal Constitucional.

“Me parece que simplemente elegirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige que es la de poner fin a los conflictos”, dijo la ministra.

“Hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar o al menos analizar si cada uno de los artículos está pegado o no a la constitución”, agregó.

La respuesta fue inmediata por parte de los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayan y Juan Luis González, quienes advirtieron que la invalidez de la reforma por vicios en el proceso parlamentario, no es un tema superficial.

Pérez Dayan dijo que no renuncia a su deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esté convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley sea ley.

“Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo, no son simples formas, lo aclaro, son las reglas de la democracia constitucional establecidas en un documento supremo, para dar validez al orden jurídico nacional”, aseguró.

Mientras que el ministro Luis María Aguilar, aseguró que toda norma debe estar sujeta al mandato popular y todos debemos estar sujetos al mandato de la Constitución.

Dijo que cada uno de los elementos que conforman el procedimiento parlamentario de creación de leyes, confluyen en una finalidad común que es garantizar que el Congreso emita las leyes más justas, más democráticas y que representen en mayor medida el sentir del pueblo de México.

«No respetar las reglas del procedimiento legislativo, es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México», indicó.

En la sesión se avalaron los efectos de la decisión consistentes en que se mantendría vigente la ley que regía hasta antes de la entrada en vigor del decreto invalidado, leyes que, además, ya no podrían ser modificadas hasta concluido el proceso electoral 2023-2024.