El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, representante del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, generó polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Carmen Aristegui, donde arremetió contra la institución, pero terminó cuestionando indirectamente a los mismos trabajadores a los que dice defender.

Durante la charla, Alcalde acusó a la administración del Monte de “acabar con el sindicato” y de “llevar las condiciones laborales al piso”. Sin embargo, sus dichos contrastan con los hechos: los cambios laborales que él mismo criticó forman parte del Convenio Modificatorio firmado en 2024, un acuerdo avalado por la autoridad laboral y ratificado mediante voto libre, personal y secreto por la base sindicalizada.

Ese convenio, aprobado por amplia mayoría, permitió poner fin a la huelga del año pasado y asegurar la continuidad de la institución, decisión en la que los propios trabajadores tuvieron voz y voto.

El abogado también afirmó que el Monte de Piedad posee un patrimonio de 50 mil millones de pesos y que destina sólo 2.6 por ciento a inversión social. No obstante, dichas cifras carecen de sustento documentado, pues de acuerdo con fuentes internas, Nacional Monte de Piedad es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, supervisada por distintas instituciones públicas, cuyo modelo combina operaciones prendarias accesibles con programas de inversión social.

La ayuda que brinda el Monte, precisan, no se limita a donativos, sino que está integrada en su propia operación con más de 7 millones de préstamos anuales con tasas significativamente menores a las del mercado.

En otro pasaje de la entrevista, Alcalde aseguró que los intereses cobrados por el Monte “oscilan entre 50 y 100 por ciento anual”. Sin embargo, los datos públicos disponibles contradicen esa versión, ya que las tasas del Monte de Piedad son las más bajas del sector prendario formal, reguladas por PROFECO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y resultan alrededor de 50 por ciento menores que las de casas de empeño comerciales.

El abogado también acusó la existencia de un “sindicato minoritario” promovido por la empresa, pero pasó por alto que el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad fue reconocido por la autoridad laboral en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, uno de los pilares de la Reforma Laboral de 2019 impulsada por el Presidente López Obrador. Cuestionar su existencia, apuntan especialistas, implica desconocer los avances democráticos que buscan modernizar las relaciones laborales en México.

Finalmente, Alcalde retomó viejas críticas sobre los sueldos de directivos y el uso de oficinas en Polanco, aludiendo a un supuesto dispendio sin presentar pruebas. Los informes financieros del Monte, en cambio, son auditados externamente y públicos ante la autoridad de Asistencia Privada, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos.

La entrevista dejó más preguntas que respuestas. Mientras el abogado habló de acoso y persecución, evitó explicar por qué el sindicato no ha cumplido los compromisos asumidos en el convenio de 2024 ni justificó el nuevo estallamiento de huelga.

Al final, su discurso pareció más un intento de presión política que una defensa laboral, un alegato que lejos de fortalecer al sindicato, terminó exhibiendo sus propias contradicciones y afectando a los trabajadores que dice representar.