A pesar de un fallo judicial que dejó sin sustento la huelga, la dirigencia sindical ha decidido prolongar el conflicto. El respaldo de Arturo Alcalde ha sido clave en esta estrategia, que ha reforzado la permanencia de Arturo Zayún mientras crecen los cuestionamientos y se profundizan los efectos sobre la base trabajadora.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad se ha consolidado como un caso donde la persistencia del paro contrasta con la debilidad de su sustento legal. A más de seis meses de su inicio, la huelga continúa activa en un contexto de creciente desgaste. Desde el 1 de octubre de 2025, las consecuencias han sido claras. El cierre de más de 300 sucursales ha impactado la operación de la institución y ha generado afectaciones acumuladas para trabajadores y usuarios. El fallo judicial que declaró inexistente la huelga representaba un punto de inflexión. Sin embargo, lejos de modificar la estrategia, la dirigencia encabezada por Arturo Zayún decidió prolongar el conflicto, respaldada por Arturo Alcalde Justiniani. Esta decisión ha sido interpretada como un intento por sostener una posición cada vez más cuestionada. En este proceso, la intervención de Alcalde ha sido determinante para mantener activa una disputa que ha perdido fuerza en el ámbito jurídico. Los cuestionamientos hacia Zayún han ido en aumento. Investigaciones periodísticas han señalado presuntas irregularidades, incluyendo opacidad en la gestión y un crecimiento patrimonial significativo, lo que ha debilitado su legitimidad frente a la base trabajadora. El respaldo de Alcalde, lejos de disipar las dudas, ha reforzado la percepción de que el conflicto responde a una lógica de permanencia en el poder. Su actuación ha sido vista como un factor clave en la continuidad de una estrategia que privilegia la resistencia sobre la resolución. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan un escenario cada vez más complejo. La prolongación del conflicto ha incrementado la incertidumbre y el desgaste, sin que exista una salida clara en el corto plazo. El caso del Nacional Monte de Piedad pone en evidencia una dinámica en la que la defensa jurídica se entrelaza con la protección de un liderazgo sindical cuestionado, dejando en segundo plano los intereses de la base trabajadora.