Desde 2019 hasta el corte de 17 de agosto de 2023, se han transferido 11 mil 198 millones 337 mil 703 pesos de subsidio estatal, señala la gráfica presentada en La Semanera

El Gobierno del Estado informó que sí ha transferido recursos estatales a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pese a que sus abogados alegaron que los ingresos de recursos públicos provenían únicamente de la Federación.

Mediante una gráfica, el Estado de Sinaloa precisó que desde 2019 hasta el corte de 17 de agosto del presente año, han transferido 11 mil 198 millones 337 mil 703 pesos de subsidio estatal.

En 2019 fueron mil 929 millones 974 mil 244 pesos; para 2020 se dieron 2 mil 34 millones 974 mil 247 pesos; en 2021 el subsidio fue de 2 mil 595 millones 213 mil 227 pesos; y en este año el apoyo con ingresos estatales asciende a los 2 mil 523 millones 405 mil 858 pesos.

“Este es dinero que dio el Estado, ¿les puedo platicar mentiras? Pues no, porque ustedes lo pueden comprobar… Yo les di 275 millones el año pasado, pues eso lo hizo como que no lo recibió, porque son muy hábiles para conseguir las cosas por donde quieren”, explicó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, durante su conferencia de prensa “La Semanera” de este 21 de agosto.

“Este es el gran pleito, este es el recurso que no quieren que se audite, porque le llaman ellos, algunos, les llaman “recurso federalizado” y el otro es Federal, entonces les llega el Federal y nosotros también se los transferimos, porque a nosotros nos llega… este es el gran tema, y dicen “no, porque nos audita la Federación”, esto (subsidio estatal) no lo audita nadie”.

Esto contrasta con la versión del abogado del Rector Jesús Madueña Molina, Milton Ayala Vega, que con una respuesta a solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, aseguró que la Auditoría Superior del Estado no puede auditar los recursos de la UAS y, por ende, el proceso penal contra Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero por abuso de autoridad sería improcedente.

“Acudimos a la Fiscalía a demostrarle que la ASE no tenía competencia para auditar porque no se entregó ningún peso de procedencia estatal (…) porque así lo reconoce el propio Gobierno Estatal a través de esos documentos (…) ni Robespierre ni el Rector cometieron ningún acto arbitrario ni ilegal en esa investigación que se está realizando (…) es la prueba fehaciente y contundente de la ilegalidad pero del acto que está cometiendo la ASE y la Fiscalía en contra del Rector y de Robespierre”, declaró.

“Si la Fiscalía fuera imparcial con ese documento se tendría que desistir de esa acción que está intentando (…) si estuviéramos jugando en una cancha pareja o que si fueran imparciales la Fiscalía se tendría que desistir de esa audiencia”, enfatizó el abogado.

Actualmente, tanto Jesús Madueña Molina como Rector, y Robespierre Lizárraga Otero como abogado general de la UAS, afrontan un procedimiento penal por presunto abuso de autoridad en contra de la Auditoría Superior del Estado al no permitirle al ente fiscalizar los recursos de la Universidad.