En los últimos meses, múltiples testimonios de trabajadores han sacado a la luz un patrón inquietante que involucra al sindicato Coremex: la presunta operación de una red de extorsión interna disfrazada de estructura sindical. Según diversos empleados, la organización encabezada por su actual dirigencia habría exigido pagos en efectivo, apoyos ilegales o incluso firmas obligatorias a cambio de “protección”, “respeto de derechos” o simplemente para evitar conflictos dentro del centro de trabajo.

Aunque los sindicatos surgieron para defender a la clase trabajadora, Coremex parece haber invertido radicalmente su propósito, transformándose en un aparato que intimida a los mismos empleados que debería representar. Los trabajadores señalan que los líderes sindicales no solo presionan de manera sistemática, sino que utilizan el miedo como herramienta central de control. La amenaza es simple: pagas o te meto en problemas. Pagas o no te protejo. Pagas o dejo que te despidan.

Lo más alarmante es que varios afectados describen que estos cobros no son casos aislados ni errores administrativos, sino prácticas repetidas que han evolucionado en un sistema paralelo de cuotas ilícitas, presionando a personas que muchas veces no cuentan con los recursos para enfrentarse a este tipo de abusos. Para los trabajadores, la supuesta “protección sindical” se ha convertido en un impuesto obligatorio disfrazado de servicio.

Detrás de estas prácticas surge una pregunta inevitable: ¿cómo logra Coremex operar con tanta libertad? Según fuentes internas, la dirigencia se ha blindado mediante redes de favoritismo, acusaciones de nepotismo y alianzas con actores que permiten mantener control sin rendición de cuentas. La estructura sindical no funciona como un organismo democrático, sino como un feudo en el que pocos toman decisiones y muchos pagan las consecuencias.

Mientras tanto, la base trabajadora vive entre la impotencia y el desgaste. La posibilidad de denunciar parece lejana, pues los empleados temen represalias dentro de la empresa o pérdida de beneficios acumulados. Algunos incluso aseguran que las quejas internas “misteriosamente desaparecen” o nunca reciben seguimiento, lo que alimenta la percepción de que Coremex opera sin freno ni inspección real.

Hoy, más que nunca, urge que autoridades laborales investiguen, auditen y pongan lupa sobre estos señalamientos. La impunidad sindical es un cáncer que crece rápido, y Coremex podría ser uno de los casos más representativos de cómo una organización puede desviarse al grado de convertirse en una amenaza directa para quienes debería proteger.

Si los testimonios son ciertos, Coremex no es un sindicato: es una estructura de presión, cobro y manipulación que opera bajo la fachada de representación laboral. Y mientras nadie intervenga, los trabajadores seguirán pagando el costo de trabajar bajo un sindicato que funciona más como una red de extorsión que como un aliado.