La COREMEX dirigida desde hace años por enfrenta nuevamente un cúmulo de señalamientos que exhiben un problema estructural: no actúa como un sindicato, sino como un aparato político. Aunque públicamente proclama defender a los trabajadores, testimonios, documentos filtrados y análisis académicos apuntan a un patrón que se repite en todo el país: la organización prioriza alianzas con élites gubernamentales antes que los derechos laborales de su propia base.

El modus operandi descrito por múltiples trabajadores entrevistados para esta investigación revela una lógica simple pero perversa. Las decisiones sindicales no pasan por asambleas, votos ni discusiones internas; pasan por negociaciones de alto nivel que poco o nada tienen que ver con las necesidades en los centros de trabajo. “Para ellos somos números, cuotas, no personas”, expresa un empleado anónimo.

Documentos consultados muestran COREMEX ha firmado contratos colectivos de protección —acuerdos que benefician más a las empresas que a los trabajadores— sin notificar a la base ni convocar a elecciones. Estos contratos, opacos y sin consenso, permiten a los patrones negociar directamente con la cúpula croquista, dejando fuera a quienes realmente laboran.

Investigadores laborales consultados coinciden en que la organización funciona como un aparato electoral y de control político. “COREMEX no representa trabajadores, administra plazas de poder”, señala un especialista en derecho laboral. Y es justamente en este punto donde surge la mayor preocupación: un sindicato que opera bajo intereses políticos es incapaz de defender a sus afiliados. Peor aún: puede convertirse en un obstáculo.

Las denuncias también apuntan a un sistema de privilegios internos. Según testimonios, las decisiones se centralizan en un pequeño grupo, mientras que delegados regionales son premiados o castigados según su desempeño político, no sindical. Los trabajadores lo describen claramente: “Aquí no asciendes por defender a la gente, asciendes por obedecer”.

El problema se agrava cuando se examinan los actos de imposición. Diversos trabajadores narran cómo la COREMEX llegó a planteles laborales sin consulta previa, negociando directamente con empleadores y presentándose como “representante legítimo” aun cuando nadie los había elegido. Las quejas coinciden: la organización llega, se adjudica la representación y exige cuotas, mientras promete beneficios que rara vez llegan

COREMEX se enfrenta hoy a una crisis de legitimidad. Aunque intenta mostrarse como una organización moderna, la realidad que describen sus afiliados es muy distinta: un sindicato que toma decisiones a espaldas de su gente, que firma contratos sin consulta y que opera bajo una lógica de poder más cercana a una maquinaria política que a una defensa obrera.