Los señalamientos son fuertes para Pablo Lemus por fraude y peculado, cuestionando sus valores y principios para gobernar y estar dentro del poder. 

El clima político en Zapopan se ha enrarecido tras las recientes acusaciones que vinculan al síndico municipal con un esquema de protección hacia el exalcalde Pablo Lemus. Este último, junto con el actual alcalde de Guadalajara, Juan José Frangie, enfrenta graves señalamientos por haber depositado más de 300 millones de pesos en el banco Accendo, actualmente en proceso de liquidación y centro de un escándalo de fraude y peculado.

La controversia tomó fuerza cuando el regidor Alejandro Puerto presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, implicando a las mencionadas autoridades y al banco en un elaborado fraude. Según Puerto, el síndico de Zapopan habría intentado una maniobra legal mediante un juicio de amparo (2043/2021) para recuperar los fondos municipales involucrados. Sin embargo, esta acción legal fue sobreseída recientemente por el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. El magistrado argumentó la inexistencia de los actores reclamados, la falta de interés jurídico y el cambio de situación jurídica debido al proceso de liquidación del banco, dejando así sin efecto el amparo.

El edil Puerto ha calificado estos hechos como una «simulación jurídica» por parte del actual ayuntamiento bajo el liderazgo de Juan José Frangie, quien se desempeñaba como jefe de gabinete durante la administración de Lemus en Zapopan. El regidor sugiere que este esquema busca proteger a Lemus, encubriendo el fraude y el peculado cometido con fondos públicos.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la integridad y la transparencia dentro de la administración municipal actual y la anterior en Zapopan. Además, refleja los retos y las complicaciones inherentes al manejo de recursos públicos y a la responsabilidad de los funcionarios frente a la ley y la sociedad. La comunidad de Zapopan y los observadores de la política local aguardan con preocupación las implicaciones que estas acusaciones podrían tener sobre la confianza pública en sus líderes electos y las instituciones que los representan.