En Chihuahua, la lucha contra la corrupción comienza a ser opacada por una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente la información dentro de la Fiscalía Anticorrupción?

Las filtraciones ya no son un rumor, son una constante. Y en medio de esa constante aparece, una y otra vez, el nombre de Francisco Javier de la O Sarmiento, el hombre que, desde la oficina del fiscal Abelardo Valenzuela, tendría en sus manos algo más poderoso que un cargo: el control del flujo de información sensible.

Distintas versiones periodísticas coinciden en un punto: la información no se está escapando, se está liberando. De forma selectiva. Dirigida. Estratégica.

El caso de Javier Corral encendió todas las alarmas. Un operativo fallido convertido en espectáculo mediático en cuestión de minutos. Detalles precisos, tiempos exactos, narrativa armada. ¿Casualidad? Difícil sostenerlo.

El propio Corral lo insinuó: más que una acción de justicia parecía un montaje con fines políticos. Y esa percepción no surge en el vacío, sino en un contexto donde las filtraciones parecen responder a intereses más amplios que los judiciales.

Expertos advierten que cuando una fiscalía comienza a operar bajo lógica de “golpe mediático”, el daño es profundo. No solo se vulnera el debido proceso, se manipula la percepción pública y se construyen verdades parciales.

La cercanía entre De la O y Valenzuela también entra en el radar. En estructuras cerradas, sin contrapesos efectivos, el control de la información se convierte en poder absoluto. Y el poder absoluto, en opacidad.

La pregunta ya no es si hay filtraciones. La pregunta es para qué se están usando.

Porque si la justicia se administra a conveniencia y la información se filtra con intención, lo que está en juego no es solo un caso… es la credibilidad de toda una institución.