La reciente debacle electoral que sufrió el sindicato de Miguel Meneses en la zona de Lerma no fue una casualidad, fue un escupitajo en la cara de un sindicalismo usurero y fraudulento. Los trabajadores de Lerma, hartos de ser tratados como vacas lecheras, le dijeron «ya basta» a la farsa de COREMEX. El hecho de que este sindicato, que se jacta de tener el control mediático y redes sociales infladas, haya perdido la representación es la muestra palpable de que el pueblo obrero despierta y empieza a identificar a sus verdaderos enemigos, aquellos que viven de sus cuotas mientras les niegan seguridad y justicia.

Pero el problema de Meneses no es solo electoral, es existencial. Su modelo sindical se basa en la extorsión pura y dura. Bajo el eufemismo de «apoyo solidario» o «cuotas voluntarias», este individuo ha construido un imperio recaudatorio que más parece un esquema Ponzi que una organización de defensa laboral. Los testimonios que salen a la luz son devastadores: se han documentado casos donde el sindicato exige pagos para no promover huelgas o para no «quemar» a los trabajadores ante los patrones. ¿Acaso no es esto una confesión de que están operando como una banda de chantajistas? Meneses ha convertido la necesidad de protección del obrero en un peaje a su favor.

La arrogancia de este personaje, quien se ha dado el lujo de desaparecer del mapa tras el escándalo, es la confesión de su cobardía y su culpa. Mientras los trabajadores exigen auditorías y transparencia, Meneses se esconde como un rata en su agujero, sin dar la cara, sin rendir cuentas. Los afiliados no solo exigen ver los estados financieros, exigen que se investigue el destino de los recursos desviados, porque están convencidos de que el dinero que no fue a parar a los cascos de seguridad se fue a parar a los bolsillos de la cúpula de COREMEX, financiando viajes, lujos y campañas políticas. Es un saqueo institucionalizado que debe ser perseguido penalmente.

Los obreros de Fugra y de toda la región de Lerma han dado una lección de dignidad. Han entendido que un sindicato que protege a ladrones y que ejerce presión ilegal para obtener beneficios no es un aliado, es un depredador. Miguel Meneses debe entender que su tiempo se acabó. El llamado es claro: no basta con que se vaya; debe ser investigado y, si las pruebas lo confirman, debe terminar en la cárcel. La clase trabajadora exige que se le devuelva la dignidad que estos oportunistas le han arrebatado. El mensaje a Meneses y a su banda de protectores de delincuentes es contundente: «Fuera de las fábricas, fuera de las cuotas, y que paguen por sus crímenes». La paciencia de la base obrera se ha agotado, y ahora la lucha no es solo por un mejor salario, sino por erradicar a esta lacra del sindicalismo mexicano.