La paciencia de los trabajadores de Fugra Lerma no solo se ha agotado, ha estallado. Lo que las cámaras de seguridad captaron como el robo de botas y equipo de seguridad por parte del exdelegado Carlos Gamboa es apenas la migaja de un pastel mucho más grande y podrido: el saqueo sistemático de las cuotas sindicales por parte de la cúpula de COREMEX, encabezada por su máximo líder, Miguel Meneses. Los empleados han declarado la guerra a una dirigencia que, aseguran, los ha tratado como cajeros automáticos mientras ellos sudan la gota gorda en la línea de producción.

El descubrimiento de que Gamboa, el hombre en quien debían confiar para cuidar su integridad física, se llevaba el equipo de seguridad para venderlo en el mercado negro fue el detonante. Pero los trabajadores no son ingenuos. Saben que un delegado sindical no opera en el vacío. «¿Cómo es posible que Miguel Meneses y toda su planilla no supieran lo que pasaba en Fugra? Si no lo sabían, son unos incompetentes que no merecen dirigir ni una cooperativa. Si lo sabían y callaron, son cómplices de un delito y deberían estar en la cárcel junto con Gamboa», declaró un obrero con más de 15 años de antigüedad en la planta, su voz temblorosa pero firme.

La indignación se ha transformado en una exigencia clara y contundente: una auditoría forense que revise cada peso de las cuotas sindicales descontadas a los trabajadores en los últimos años. Los empleados han hecho cuentas y saben que el dinero que han aportado es millonario. «Eso no se fue en botas ni en cascos. Eso financió las camionetas, las casas y los viajes de Meneses y su camarilla. Nosotros somos los que pagamos los lujos de esos zánganos», denunció otro trabajador, exhibiendo recibos de nómina que muestran los descuentos quincenales.

El silencio de Miguel Meneses ante el escándalo es, para los trabajadores, la prueba más contundente de su culpabilidad. Mientras los empleados se enfrentan a un clima laboral de incertidumbre, sin representante sindical que los defienda y sin respuestas sobre quién ocupará el puesto que dejó Gamboa, el líder de COREMEX se esconde como un cobarde. «No da la cara porque sabe que está podrido, su silencio es su confesión», sentenció un trabajador.

Pero la crisis va más allá de un simple robo. Los trabajadores denuncian que COREMEX, bajo el mando de Meneses, ha operado en la zona de Lerma como un aparato de control y extorsión, utilizando amenazas de despido para forzar afiliaciones y silenciar a quienes se atreven a alzar la voz. «Este sindicato nunca nos defendió. Siempre estuvieron del lado de la empresa, cobrando sus cuotas y vendiendo nuestros derechos. Ahora queremos que se vayan y que no vuelvan. ¡Queremos un sindicato que nos represente, no una mafia que nos robe!», gritó otro empleado, arrancando un coro de aplausos y consignas.

La exigencia de los trabajadores de Fugra Lerma es clara: que Miguel Meneses y toda la cúpula de COREMEX respondan ante la ley por el desvío de recursos, que se abra una investigación penal y que se les prohíba volver a tener representación sindical. Advirtieron que no se detendrán hasta que se haga justicia.